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Declaración Pública Partido por la Dignidad

6 de agosto de 2020

Como se esperaba, el Presidente Sebastián Piñera, realizó hace una semana un nuevo cambio de gabinete. Muchos aún no terminan de comprender la lógica del mismo; sin embargo, a nuestro juicio el Presidente sigue sin moverse del camino trazado desde el día uno en que asumió la primera magistratura.


No fue un cambio pensando en Chile o en las demandas sociales instaladas a partir del 18 de octubre. Tampoco para dar garantías al país de un plebiscito libre de intervenciones. Fue un cambio orientado a calmar los ánimos de la deteriorada coalición de gobierno y que conlleva una motivación funcional a los intereses económicos de los grandes grupos económicos de este país, que –de paso- son los mismos del ciudadano Sebastián Piñera, quien ostenta una de las mayores fortunas personales Chile.


Es un gabinete para el “rechazo” y para satisfacer las demandas del gran empresariado. Este manifiesta temores de que la misma impericia mostrada por el Gobierno en la discusión del proyecto que aprobó el retiro del 10% de las cuentas en las Administradoras de Fondos Previsionales, pudiera traducirse en un negativo resultado del plebiscito y en la discusión de la nueva Constitución.


El reciente cambio de gabinete fue –al mismo tiempo- la antesala de una rimbombante cuenta pública que tuvo más de escenografía que de discurso propio de un mandatario que debe rendir cuentas a la nación.


El país atraviesa la más severa crisis de que se tenga conocimiento en el presente siglo y por lo menos en la mitad del anterior. Una crisis multisectorial sanitaria, social, económica y política que el Presidente no ha mostrado voluntad de enfrentar en forma adecuada.


Sus palabras no están en sintonía con las apremiantes necesidades de la población y aunque en su discurso mencionó algunos de los componentes de esta compleja situación, tales como la pandemia, la crisis social y la económica, primaron en sus alusiones la autocomplacencia y la soberbia.


El 18 de octubre y el Estallido Social, los miles de mutilados y los muertos parecen no contar para el Presidente. Más de cien personas perdieron –a lo menos- uno de sus ojos. A Gustavo Gatica y Fabiola Campillay por su parte, se les arrebató definitivamente la vista. Pero el presidente no tuvo la entereza de reconocer ni pedir perdón a nombre del Estado de Chile.


Tampoco en esta cuenta hubo disculpas por los “errores” políticos y comunicacionales cometidos por el Gobierno durante este azote de la pandemia. Las históricas frases: “Estamos mejor que Italia”; "encargamos mil ventiladores en enero”; “Hacemos más Test que Argentina”;“ Estamos en una meseta”; “Hay que volver a clases en mayo”; “Los funcionarios públicos deben volver a sus trabajos el 20 de abril”, y así sucesivamente solo lograron confundir a la ciudadanía y hasta la fecha, aún se esconden las verdaderas cifras de fallecidos quienes, según estimaciones de expertos, superan ya los 15 mil.


Como consecuencia de la lamentable gestión de la Pandemia, Chile tiene hoy el triste récord de figurar entre los primeros lugares del mundo en números de fallecidos y contagiados por millón de habitantes.


Entretanto, en la cuenta presidencial Sebastián Piñera subrayó el doce por ciento de cesantía. Casi dos millones de personas desocupadas como consecuencia de la pandemia, pero no hubo mención para los otros setecientos mil chilenos acogidos al programa de “suspensión de empleo” o al otro millón doscientos mil trabajadores “inactivos”, lo que de acuerdo al diario El Mercurio del sábado 1 de agosto, daría una cifra de desempleo superior al 30%.


En este escenario, que dista de ser optimista, aparece la gravísima situación que se vive en La Araucanía y que por cierto tendrá consecuencias para el devenir de Chile.


Es verdad que la falta de voluntad para poner fin al conflicto en la Araucanía, es ya de larga data. Todas y cada una de las administraciones de que se tenga memoria han evadido la responsabilidad y se han negado a buscar un diálogo serio y una solución que conlleve el reconocimiento y respeto a los pueblos originarios desde su propia cultura.


No obstante, lo ocurrido el 1 de agosto en el frontis de la Municipalidad de Curacautín es algo más que un hecho fortuito; constituye un delito, un acto de racismo contra el pueblo mapuche perpetrado por civiles amparados por carabineros y que rechazamos categóricamente. El Gobierno se pone al margen de la ley y de los tratados internacionales al no reaccionar con energía frente a estos actos de matonaje a cara descubierta.


Las imágenes mostradas por redes sociales y medios de comunicación son elocuentes, y contrastan en forma brutal con el silencio del recién asumido ministro del Interior Víctor Pérez Varela, que, curiosamente, dos días antes de los incidentes de Curacautín, estuvo en la región.


El pueblo mapuche nos precede; sin embargo, durante siglos ha sido despojado y avasallado. Al pueblo mapuche le debemos respeto y admiración. No podemos aceptar este tipo de llamados públicos por parte de personeros de Chile Vamos o de dirigentes de asociaciones gremiales de agricultores como es el caso de la dirigente Gloria Naveillan y menos aún debemos aceptar el silencio cómplice de las más altas autoridades de nuestro país.


Nos preocupa, asimismo, que en la compleja y deteriorada situación que viven nuestras instituciones, el creciente nivel de desgobierno y de confrontación al que se empuja a la población, se pueda garantizar un plebiscito en las condiciones adecuadas para obtener un resultado que refleje el sentir verdadero de las grandes mayorías de Chile. Hoy no podemos prever las condiciones sanitarias que tendremos para la fecha establecida y dada las discutibles decisiones de la autoridad, menos aún se puede garantizar las condiciones necesarias para una jornada sin riesgos para la salud de la población. Eso, sin mencionar el hecho que se está prohibiendo de facto la participación de los partidos en formación a los cuales se les hace imposible cumplir con las exigencias legales producto de la cuarentena.


Llamamos, en consecuencia, a todos los partidos de oposición, movimientos y organizaciones sociales a no permitir que el Gobierno ni el Parlamento adopten caminos diferentes a los exigidos por los ciudadanos y ciudadanas durante las múltiples manifestaciones que se expresaron con el Estallido Social de octubre.


Nacimos como Partido para luchar por un proceso que dé origen a una nueva Constitución que respete y haga valer la dignidad y los derechos de las personas, que reemplace al Estado subsidiario por un Estado solidario, que asegure a los pueblos originarios el trato digno que merecen, que no permita que grandes consorcios nacionales e internacionales lucren con los dineros de nuestras pensiones, con la educación de nuestros hijos o la salud de todos nosotros, y en ese empeño vamos a continuar hasta que nuestras propuestas se hagan realidad.


Reiteramos nuestra voluntad de colaborar a este proceso, y convocamos a todos los interesados a aportar en el proceso de construir una nueva constitución para el Chile en el cual deben formarse las futuras generaciones.


Santiago, 6 de agosto de 2020

Partido por la Dignidad

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