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Una decisión irresponsable



Santiago, 19 de abril de 2020


El Partido por La Dignidad enjuicia instructivo del Gobierno de vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos, anuncia la presentación de recurso de protección en su favor y llama al Congreso Nacional a acusar constitucionalmente al presidente Piñera y los ministros involucrados en esa iniciativa.


En medio de la incertidumbre y confusión provocada por el coronavirus, el Presidente de la República Sebastián Piñera ha golpeado a la ciudadanía una vez más con un acto que ha concitado el rechazo de diversas entidades sociales, médicas y políticas.


Con una irresponsable decisión, que ha dejado atónita a la ciudadanía, el viernes 17 instruyó a sus ministros para que todos los funcionarios públicos vuelvan a sus labores a partir de este mes de abril, es decir, desde este lunes 20. La señal de “normalidad” que pretende dar en medio de la pandemia, que lamentablemente aún no llega a su peak de contagio, como el mismo ha dicho antes, denota precipitación, improvisación e irresponsabilidad inaceptables en un gobernante.


Esta desafortunada iniciativa, que incluso ha sido criticada por el Comité Asesor Covid19 del propio gobierno, demuestra que en el jefe de Estado prevalece la preocupación por la reactivación de la economía sobre el cuidado de la vida y salud de las personas.


Se olvida el Presidente de algo central que debiera considerar un gobernante responsable: la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Y habrá que discutir de manera más reflexiva y participativa, con los actores involucrados, las formas para que la economía se recupere sin arriesgar a millones de personas que podrían ser contagiadas.


Los jefes de instituciones tan importantes para la marcha del país como la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público han dado una señal distinta a la del Ejecutivo permitiendo a sus funcionarios que continúen con teletrabajo y solo con turnos éticos. En la misma línea han reaccionado las Universidades de Chile y de Santiago, mostrando en los hechos sus diferencias con la decisión gubernamental.


El Covid-19 se ha llevado ya más de 160.000 mil vidas en el mundo, y aún se ignora cuál será su comportamiento en los próximos meses, cuando el hemisferio sur se apronta a recibir el invierno. Y en ese contexto, el presidente Piñera -que es una de las personas con mayor fortuna personal de Chile- refleja una vez más su preocupación por el comportamiento de los negocios de los grupos empresariales, y toma una decisión de corte dictatorial, indigna de un mandatario: enviar a cientos de miles de personas a la calle, arriesgando sus vidas y las de sus familiares. Como han planteado estudios y expertos, una persona contagiada con coronavirus contagia a 2,5 personas más, por lo que al cabo de un mes podríamos llegar a tener 406 nuevos contagiados por cada persona y así sucesivamente. Por eso se llama “Pandemia”.


En esta Pandemia los principales afectados por esta amenaza resultan ser los más vulnerables tanto social como sanitariamente, los adultos mayores, los enfermos crónicos y los que tienen menos recursos económicos.


Sin duda, esta pandemia representa una de las amenazas más graves que haya sufrido el país en el último siglo. Y ocurre en momentos en que vivimos la crisis política más severa de los últimos cuarenta años.

El 18 de octubre marcó un hito que quedará registrado para siempre en las páginas de la historia como el inicio del levantamiento social más masivo desde el retorno a la democracia. Hombres y mujeres salieron a las calles en todas las regiones del país exigiendo el fin de los abusos y las desigualdades. En la raíz del estallido social está el sistema económico que originó las grandes desigualdades, al amparo de la Constitución de 1980.

Meses de masivas manifestaciones obligaron al gobierno a llamar a un plebiscito para que el pueblo decidiera si quiere o no una nueva carta fundamental y la forma como esta será elaborada. Y en pleno fragor del estallido, y del inicio del proceso constituyente, Chile y el mundo se vieron asolados por la pandemia del coronavirus, que ha terminado por desnudar la realidad y la fragilidad de las instituciones del Estado de Chile, derrumbando en forma contundente el mito de los “jaguares”, del “oasis” y del “crecimiento sostenido” que nos conduciría al tan anhelado desarrollo.


Ha quedado claro que no tenemos ni la mejor salud del planeta, ni tampoco el mejor sistema de previsión del mundo; tampoco una economía sana ni robusta; el sistema de educación basado en el mercado y los financiamientos por la demanda han debilitado la educación pública e incrementaron aún más la brecha de la desigualdad. La industria nacional ni siquiera fue capaz de producir mascarillas de papel porque no hay industria nacional. Peor aún, han pasado casi tres meses desde el arribo del COVID a Chile y los prometidos ventiladores aun no llegan, y según el Embajador de China en Chile, el señor Xu Bu, tampoco llegarían, porque nunca fueron comprometidos.


Sin embargo, Chile tiene un gran patrimonio. Tiene a su gente y no debemos permitir que el mismo gobierno que desde un comienzo ha manejado una crisis eminentemente sanitaria y técnica con criterios economicistas, que ha privilegiado los intereses de los grandes empresarios -que están usando esta crisis humanitaria como una nueva oportunidad de negocios- por sobre la vida de sus ciudadanos, nos utilice ahora como “carne de cañón” para producir una supuesta reactivación de la economía en el momento preciso en que está comenzando el peak de esta pandemia. Esa decisión es criminal y solo se explica por la existencia de una intención oculta de optar en términos epidemiológicos por el “efecto rebaño” como eventual salida, lo cual según las 3 opiniones más conservadoras, costaría más de 100 mil vidas de nuestros niños, niñas y adultos mayores.

En ese contexto y en estricta consonancia con el argumento de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos ANEF, consideramos que el llamado del Presidente es de una colosal irresponsabilidad. Nos sumamos enérgicamente al llamado a los funcionarios públicos a no presentarse a trabajar y mantener –como siempre lo han hecho–, solo turnos éticos presenciales en aquellos casos en que es estrictamente necesario según definiciones de los propios servicios.

El Presidente de la República no tiene facultades legales para instruir semejante medida. La ley 21012 publicada en el Diario Oficial el 9 de junio de 2017, establece que “el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud”; este artículo es plenamente aplicable a todos los funcionarios del Estado, según lo ha dictaminado la propia Contraloría General de la República.

Con su declaración, que fue rechazada en los hechos por la Contraloría General de la República y no fue consultada con el Consejo Asesor Covid19, el Presidente se ha puesto al margen de la legalidad y es procedente que el Congreso Nacional, en forma inmediata, presente contra él y sus ministros de Interior, Hacienda, Salud, y Trabajo una acusación constitucional que permita establecer las responsabilidades y reinstaurar el Estado de Derecho en nuestro país.

Llamamos a los parlamentarios y dirigentes de los diferentes partidos políticos a actuar en consecuencia y no permitir que este tipo de arbitrariedades se sigan repitiendo.

A la vez, como Partido por la Dignidad, presentaremos este lunes un Recurso de Protección por el conjunto de los funcionarios públicos y profesores y profesoras de Chile, a quienes también se pretende llevar a los establecimientos escolares. Queremos evitar con esto que el gobierno ponga en riesgo la vida de nuestros niños y de miles de chilenos y chilenas. COMITÉ DIRECTIVO PARTIDO POR LA DIGNIDAD

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